La biodiversidad entrega a las personas un sinnúmero de bienes y servicios que nos permiten sobrevivir y gozar de bienestar económico, social y físico. La biodiversidad presente en un área abarca la variedad de organismos que componen los ecosistemas terrestres y acuáticos, incluyendo la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los propios ecosistemas. La diversidad intraespecífica hace referencia a la variabilidad de los recursos genéticos de animales, plantas, hongos, algas y microorganismos, ya sean terrestres o acuáticos. Estos recursos genéticos son esenciales para el desarrollo de diversos sectores económicos, como la agricultura, la industria farmacéutica, la cosmética, entre otros.
Chile es un país que se caracteriza por un alto endemismo, con un promedio del 25% de especies endémicas, donde destacan los anfibios, los peces de aguas continentales, los reptiles y las plantas vasculares2. Esto significa que nuestro país tiene una alta presencia de especies que son únicas, exclusivas y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.
Desde 1992, la comunidad internacional ha establecido acuerdos en orden a facilitar el acceso a los recursos genéticos y asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, así como de los conocimientos tradicionales asociados, acceso que puede ser físico o digital.
Actualmente, existen varios foros e instrumentos a nivel multilateral que abordan la cuestión de los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y la distribución de beneficios, de los cuales Chile forma parte. En cuanto a instituciones internacionales vinculadas a la materia, se pueden mencionar distintos organismos especializados de las Naciones Unidas (ONU), tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y su la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA-FAO).
En cuanto a instancias de soft law o acuerdos no vinculantes, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) juega un papel relevante en cuanto a la elaboración de directrices y fundamentación de políticas o regulaciones específicas.
En lo que respecta a instrumentos jurídicos vinculantes, se ha analizado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) y el reciente tratado sobre la Conservación de la Biodiversidad más allá de las áreas de Jurisdicción Nacional (BBNJ), el cual se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), a la que a menudo se hace referencia como la «constitución» de los océanos.
En particular, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) tiene entre sus objetivos “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos”. Al respecto, en el artículo 15 se reconoce el derecho soberano de cada país sobre sus recursos naturales y, como consecuencia de ello, su facultad para regular dentro de su jurisdicción el acceso a recursos genéticos. Por su parte, en 2014, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entró en vigor en 114 países, sin ser Chile uno de ellos, ya que este no lo firmó ni ratificó.
Tanto a nivel regional como global se han desarrollado políticas, legislaciones y medidas administrativas en relación con el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios. Sin embargo, hasta la fecha, Chile no solo no es parte del Protocolo de Nagoya, sino que carece en absoluto de regulación sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios que contenga o describa procedimientos vinculantes para aquellos que solicitan acceder a los recursos genéticos, lo que subraya la urgencia de avanzar en la protección del patrimonio genético y la soberanía de los recursos genéticos en el país.
Dada la importancia de los recursos genéticos para la investigación y desarrollo en diversos sectores económicos, especialmente en agricultura, ganadería y silvicultura, y considerando la relevancia internacional de estos recursos y los conocimientos tradicionales asociados, es imperativo contar con lineamientos que coadyuven a un eventual marco institucional, incluido aspectos regulatorios. En este aspecto, este estudio busca proporcionar una propuesta sobre el modelo de gestión del acceso a los recursos genéticos, conocimientos tradicionales asociados y participación en los beneficios. El objetivo es realizar esta propuesta en el marco de las competencias y atribuciones sectoriales, teniendo en cuenta las mejores prácticas tanto a nivel nacional como internacional. La relevancia de estudiar esta materia recae en la necesidad de definir una institucionalidad apropiada para proteger, acceder y participar en los beneficios de los recursos genéticos presentes en nuestra biodiversidad, teniendo en consideración que incluso una misma variedad puede tener diversos usos, tales como alimentario, industrial o farmacéutico.
