El comercio silvoagropecuario constituye uno de los pilares de la inserción internacional de Chile y ha experimentado una expansión significativa durante las últimas dos décadas. Entre 2005 y 2025, las exportaciones silvoagropecuarias del país aumentaron desde USD 8.016 millones a USD 20.249 millones, acompañadas por una transformación gradual en la estructura geográfica de los mercados de destino. En este período, Asia se consolidó como el principal motor del crecimiento exportador, particularmente por la expansión del mercado chino, mientras que América del Norte, Europa y América Latina mantuvieron una participación relevante en la distribución de los flujos comerciales del sector.
Esta evolución ha tenido lugar en un contexto internacional caracterizado por un crecimiento económico más moderado, mayores tensiones geopolíticas y una creciente densidad regulatoria en el comercio internacional. En el ámbito silvoagropecuario, el acceso efectivo a los mercados depende crecientemente del cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias, ambientales y de trazabilidad, así como de las condiciones de acceso comercial que inciden en la competitividad de las exportaciones, lo que refuerza la necesidad de contar con capacidades institucionales y mecanismos de articulación que permitan responder a un entorno cada vez más exigente.
En este marco, la diversificación agroexportadora emerge como una estrategia fundamental para fortalecer la resiliencia del sector silvoagropecuario chileno. No obstante, este proceso no se produce de manera automática. La posibilidad de exportar y sostener exportaciones en el tiempo requiere identificar oportunidades comerciales, priorizar mercados y productos, gestionar el acceso sanitario y regulatorio en articulación con las condiciones comerciales, promover la oferta exportable y responder oportunamente a contingencias técnicas o regulatorias que puedan afectar la continuidad del comercio.
Una parte sustantiva de la trayectoria agroexportadora chilena se ha construido a partir de una gobernanza público-privada que articula las capacidades técnicas del Estado con el conocimiento de mercado del sector productivo. Esta arquitectura integra instituciones como el Ministerio de Agricultura, a través de Odepa, el SAG, Achipia y la red de agregadurías agrícolas, junto con organismos de otros sectores del Estado, como la Subrei, ProChile y el Servicio Nacional de Aduanas, además de empresas exportadoras y organizaciones gremiales del sector silvoagropecuario. Asimismo, esta articulación se expresa en mecanismos de coordinación como el Comité de Comercio Internacional, el Consejo Exportador Agroalimentario, las comisiones nacionales por rubro y el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias.
En consecuencia, el valor de las alianzas y mecanismos de coordinación público-privada no radica únicamente en su aporte a la apertura o diversificación de mercados, sino también en su contribución a la mantención y continuidad de los flujos exportadores en el tiempo. En un sector especialmente condicionado por exigencias sanitarias y regulatorias, esta articulación ha sido un factor determinante para transformar aperturas formales en comercio efectivo, sostener la presencia de Chile en mercados exigentes y fortalecer la competitividad internacional del sector silvoagropecuario.
