La discusión en el Congreso de la Ley de Presupuesto 2004 ha sido menos apasionada que en ocasiones anteriores, cuando se argumentó que se basaba en supuestos excesivamente optimistas. El Presupuesto del sector público chileno, para el año venidero, se sustenta en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,4%, una expansión de la demanda doméstica de 5,4%, un precio del cobre de US $ 83 centavos por libra y un valor para la divisa estimado en 660 pesos por dólar. Estas cifras han suscitado un razonable nivel de consenso tanto entre analistas nacionales como extranjeros.
Donde los ánimos están algo más exaltados es en el cambio del Plan Regulador de Santiago. La medida acordada por el Consejo Regional Metropolitano (Core) permite establecer, bajo determinadas condiciones, zonas urbanas dentro del territorio rural. Ello puede implicar la anexión al área urbana de 90 mil hectáreas de suelos agrícolas. El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Jaime Ravinet, ha defendido el plan, sosteniendo que la expansión urbana generará 10 mil empleos por el desarrollo de inversiones inmobiliarias y de infraestructura. Las organizaciones ecologistas y agrupaciones de ciudadanos se oponen al proyecto, donde ven ilegítimos intereses especulativos con los suelos de interés silvoagropecuario e impactos negativos en los ecosistemas naturales. La Contraloría General de la República objetó la resolución del Intendente, Marcelo Trivelli, por infringir la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que impide crear núcleos urbanos en zonas rurales. La Cámara Chilena de la Construcción apoyó la apelación presentada por el Intendente, pero el organismo fiscalizador no tomó razón, por considerar que el documento «adolece de omisiones relevantes». Al parecer, la polémica se extenderá por algún tiempo.
Tampoco han estado exentas de conflicto las negociaciones para hacer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estados Unidos se ha mantenido firme en su posición de que los subsidios agrícolas y las medidas antidumping se negocian en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en tanto que exige que se liberalice el comercio de servicios, se abran las compras gubernamentales y se establezcan normas drásticas que permitan proteger las inversiones y la propiedad intelectual. Por su parte, Brasil sostiene que, si las rebajas arancelarias se negocian en acuerdos bilaterales, como el que discute Estados Unidos con Mercosur, y la reducción de los subsidios que protegen al agro en la OMC, ellos retirarán de la mesa de negociación otros temas sensibles, como el de la propiedad intelectual.
En Chile, el Senado aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en junio con Estados Unidos, con lo cual el acuerdo puede comenzar a regir en enero de 2004. A partir de esa fecha, el 87 por ciento de las exportaciones nacionales llegarán al mercado estadounidense con arancel cero. La desgravación se extenderá progresivamente al total de las exportaciones, en un plazo de 12 años.
Los indicadores de actividad del sector agroindustrial mostraron una tendencia positiva en el mes de agosto. Las ventas de la industria agroprocesadora crecieron 6,2% en relación con el mismo mes del año anterior, y el índice de producción física exhibió una variación de 2,4% en el período.
El comercio exterior de productos silvoagropecuarios tuvo un desempeño coherente con lo anterior. Entre enero y agosto la balanza comercial sectorial acumuló un saldo positivo superior a los 3.000 millones de dólares.
El aumento de las exportaciones, potenciado por la recuperación en el precio de los commodities, ha impactado el mercado de la divisa. El dólar se cotizó en septiembre a 675 pesos, cifra que se compara con los 727 de hace doce meses. Esta caída de 7,1% se ha agudizado en los últimos días, acarreando honda preocupación al sector silvoagropecuario que produce bienes transables, ya sea para la exportación o como sustituto de importaciones.
El Banco Central de Chile publicó un estudio que regionaliza el Producto Interno Bruto (PIB) con base en el año 1996. La VI región se presenta como la principal zona de producción silvoagropecuaria. En 1999 dicha región fue la responsable del 18,4% del PIB silvoagropecuario. La siguen las regiones VIII, Metropolitana, VII y X, con participaciones de 14,5%, 13,2% y 12,9 %, respectivamente. Más del 67% de la actividad agropecuaria silvícola nacional se desarrolla entre las regiones VI y X.
El sector silvoagropecuario primario tuvo una participación de 4,2% del PIB en 1999. La importancia de la actividad en las regiones se expande a niveles cercanos al 20% en la VI región. La agricultura contribuyó con el 16,6% del PIB de la VII región, el 13,8% del PIB de IX región y el 12,4% del de la X región. En la VIII región se generó un 14,5% del PIB silvoagropecuario nacional, pero el sector representó sólo el 6,9% del PIB regional. Similar situación se presenta en la Región Metropolitana, donde se produjo el 14,3% del PIB sectorial, con una participación de la actividad agropecuaria silvícola correspondiente al 1,4% del PIB de la región. Ello se explica, en parte, por el hecho de que el Sistema de Cuentas Nacionales considera como parte del sector agrícola sólo aquellas actividades primarias asociadas al mismo, excluyendo la industria agroprocesadora y los servicios relacionados con las cadenas agroalimentarias.
