Coyuntura macrosectorial enero

Argentina está viviendo una dramática crisis política, económica y social. Luego de más de una década de convertibilidad, la moneda transandina dejó de cotizarse 1 a 1 con el dólar. Se estableció un tipo de cambio oficial, donde el valor de la divisa fue fijado en 1,4 pesos, y un mercado libre que, en principio, está destinado fundamentalmente al turismo. El FMI apoya un sistema de libre flotación y el equipo económico estima que en un plazo de cinco meses se llegará a un tipo de cambio único y libre, pero teme que al levantar el dique se desate una hiperinflación, de modo que ha mantenido las restricciones al retiro de depósitos. 

Junto con devaluar su moneda, se adoptó un conjunto de medidas tendientes a reordenar el sistema financiero, reactivar la economía y mejorar la distribución del ingreso, reestructurar la deuda pública y reorganizar las obligaciones afectadas por el nuevo régimen cambiario. Entre ella destacan la desdolarización de las deudas y la derogación de las normas que autorizan la indexación de precios.

Se asumió el compromiso de devolver los depósitos en la moneda en que fueron originalmente pactados. No obstante, no se delimitaron los plazos y finalmente se reconoció que esto no era posible. Las deudas con el sistema financiero menores de US $ 100.000 se transformaron en pesos, al cambio 1 a 1, y para las de monto superior a dicha cifra se estudia la implementación de un sistema conducente a reducir las tasas y ampliar los plazos, manteniendo el valor de las cuotas. Del mismo modo, las deudas en dólares de las tarjetas de crédito se convirtieron a pesos con la misma paridad 1 a 1, y sólo se pueden expresar en dólares los gastos correspondientes a consumos realizados fuera de Argentina.

Cabe señalar que más del 90% de los préstamos otorgados por las entidades financieras corresponden a la categoría de montos inferiores, por lo que hubo que establecer un mecanismo de compensación para la banca que se financiará con un gravamen a la exportación de hidrocarburos.

Las tarifas de todos los servicios públicos se convirtieron a pesos, al cambio 1 a 1, y se eliminó la indexación con la inflación de EE.UU. que tenían los contratos de tarifas de las empresas de servicios telefónicos, gas, electricidad y peajes. A su vez, la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario autorizó al Ejecutivo para regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos, con el fin de proteger a los consumidores de eventuales distorsiones en los mercados y conductas monopólicas u oligopólicas.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina -BCRA- ya no está obligado a mantener una relación fija entre reservas y circulante. Sin embargo, debe mantener un nivel de reservas apropiado para respaldar el circulante. En el mismo ámbito, se propone reformar la orgánica legal de la autoridad monetaria a objeto de que pueda asistir, como prestamista de última instancia, al sistema financiero local. Se pretende complementar los cambios en el régimen monetario con una estricta disciplina fiscal y una renegociación de la deuda externa.

Mientras esto ocurre en el país vecino, en Europa se inició la circulación del euro, y en Chile comenzó a regir la rebaja desde el 8% al 7% del arancel general.

El Banco Central de Chile anticipó algunas cifras de Producto Interno Bruto del año 2001, informando un crecimiento de 3% para la economía y un vigoroso 6,3% para el sector agrícola.