Durante la conmemoración del Día del Agricultor, el 19 de noviembre último, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del documento «Una Política de Estado para la Agricultura Chilena. Período 2000-2010». En la Mesa Agrícola, constituida en junio de 2000 por instrucción del Presidente de la República, se realizó una reflexión exhaustiva acerca de las proyecciones del sector para los años venideros, y de los instrumentos y líneas de trabajo que será necesario ejecutar y profundizar, por parte de los sectores público y privado, durante los próximos nueve años, en consideración a los escenarios nacionales e internacionales que se vislumbran. El documento de Política de Estado pretende dar cuenta de esas visiones y las estrategias acordadas en conjunto, en el marco de la Mesa Agrícola, entre los agentes públicos y privados y el sector académico que forman parte de esa instancia.
El documento hace hincapié en el contexto macroeconómico en que deberá ejecutarse la Política de Estado, ordenando su estrategia en base a la competitividad en un marco de apertura, y considerando los precios internacionales y el tipo de cambio como elementos exógenos que deberán ser enfrentados, más allá del aporte de los instrumentos en pos de la estabilidad del sector mencionados en la Política, los que deberán proveer a la agricultura del escenario adecuado para continuar sus labores de innovación y mejoramiento de los procesos productivos.
Un segundo elemento global de la Política se refiere al tema institucional y plantea dos desafíos por abordar: el desarrollo rural y la regulación del sistema agroalimentario. El primero se plantea como una definición de alcance de las políticas ministeriales que deberá ser resuelta en los próximos años, y el segundo plantea la necesidad de incorporar el ámbito de la alimentación a las funciones regulatorias del Ministerio de Agricultura. Esta última tarea debe ser abordada en forma progresiva para lograr los cambios institucionales deseados.
El tercer elemento global que plantea el documento es el más extenso, y se refiere a las regulaciones e instrumentos que darán cuerpo a la Política.
El primer eje de trabajo se denomina Confianza y Seguridad para los Productores Agrícolas, e incluye instrumentos que tienden a favorecer un escenario estable para las inversiones en el sector, así como el aumento de cobertura del Seguro Agrícola, compromiso en la mantención de las Bandas de Precios, implementación de la Bolsa de Productos Silvoagropecuarios, entre otros.
El segundo eje se denomina Desarrollo de Mercados, y se subdivide en líneas de trabajo destinadas a mercados externos, como por ejemplo la creación de la Comisión Permanente de Consulta con el Sector Privado, la que permitirá que en las negociaciones de acuerdos comerciales sea más relevante la participación de los gremios productivos en las decisiones; la creación de nuevas agregadurías agrícolas y la ampliación y perfeccionamiento del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias. En lo referente a Mercados Internos, el acento está puesto en el tema normativo (INN, Ley de la Carne, etc.), el perfeccionamiento de la legislación antimonopolios, el fortalecimiento de la fiscalización de productos importados y la generación de información de mercados.
El Mejoramiento de la Productividad de los Recursos Naturales corresponde al tercer eje del instrumental de la política. Es la línea en la que en la actualidad se invierten más recursos por parte del Ministerio, e incluye los instrumentos de recuperación de suelos, fomento al riego, fomento a la forestación y mantención de nuestro patrimonio fito y zoosanitario, entre otros de menor envergadura presupuestaria.
El cuarto eje de regulaciones e instrumentos de la Política se denomina Desarrollo de la Competitividad, e incorpora una parte importante de la labor de los servicios del Ministerio. Sus líneas son Innovación e Investigación, Transferencia Tecnológica y Modernización de la Gestión, Formación de Recursos Humanos y Capacitación, Desarrollo del Riego, Financiamiento y Fomento a la Asociatividad. Considerando el contexto macroeconómico mencionado, el grado de estabilidad entregado por los instrumentos complementarios, un uso sustentable de los recursos naturales y el funcionamiento adecuado de los mercados y su ampliación en el exterior; las mencionadas líneas de trabajo pretenden contribuir a desarrollar en el mediano plazo gran parte del potencial productivo y comercial de las empresas silvoagropecuarias.
El quinto eje constituye una de las «apuestas» relevantes de la actual Política de Estado, y se denomina Agricultura Limpia y de Calidad. Su importancia se basa en la tendencia internacional, tanto de los países como de los mercados, a normar y demandar productos en base a su nivel de inocuidad y a la calidad ambiental de sus procesos y productos. El desarrollo de este eje requiere un trabajo a nivel normativo, en cuanto a entregar confianza como país a los mercados que demandan nuestros productos (política de uso de plaguicidas, modernización de los regímenes de inspección, perfeccionamiento de la normativa de cultivos transgénicos, etc.), y una labor de fomento a la aplicación por parte de las empresas silvoagropecuarias de sistemas de gestión inocuos y ambientalmente sustentables (Buenas Prácticas Agrícolas, HACCP, producción orgánica, entre otros).
El Desarrollo Forestal constituye el eje número seis de regulaciones e instrumentos, y tiene como líneas principales la adecuación de la institucionalidad forestal, la promulgación de una legislación que promueva la utilización racional y sustentable del bosque nativo, y la adecuación del Decreto 701 de tal manera que favorezca el acceso de pequeños y medianos productores forestales a sus beneficios.
Finalmente, existe un séptimo eje denominado Un Nuevo Mundo Rural, que agrupa acciones destinadas al sector que no se refieren directamente al desarrollo agrícola, así como el fomento al agroturismo, programas de empleo y programas de desarrollo territorial, entre otros.
La parte final de la Política de Estado para la Agricultura incluye el Programa de Apoyo a la Inserción de la Agricultura Familiar Campesina en el Desarrollo Económico Nacional y los Programas Especiales de Apoyo de la Competitividad de las Grandes Macrorregiones Agrícolas del País. Estos últimos se elaborarán durante el año 2002 en coordinación directa con las autoridades y gremios regionales, e intentarán adecuar los grandes ejes regulatorios y de instrumental de la política a las realidades de las zonas norte, centro, sur y austral del país, de tal forma de permitir un seguimiento más exhaustivo de la política en su conjunto y de levantar sinergias a nivel local que contribuyan al logro de los objetivos de la Política de Estado.