La iniciativa busca proteger los suelos agrícolas de la fragmentación, asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y la conservación de recursos naturales, y proteger a las personas de venta de suelos donde no se puede construir ni contar con acceso a agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito.
31 de julio de 2024.- El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados, el Proyecto de Ley para la Protección del territorio y la vida rural, a través del cual propone una serie de medidas para proteger a las personas de estafas o ventas irregulares de terrenos donde no se puede construir ni contar con acceso a agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito, y la perdida de suelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria, entre otras medidas.
El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela expresó su “satisfacción porque se ha ingresado al Congreso de la República el proyecto de protección del territorio y la vida rural, que perite hacer compatible por una parte habitar en la ruralidad y a su vez la subdivisión del territorio para los fines silvoagropecuarios. Este proyecto surge después de un diálogo con los distintos actores y se va a tramitar a través de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas”.
La autoridad del Minagri agregó que iniciativa hace dos cosas, “primero limita las parcelas de media hectárea, pero exclusivamente para uso de agricultura, y se limita la cantidad de ellas para que no se conviertan en proyectos inmobiliarios. Entonces se limita por cantidad de posibles parcelas de 5 mil metros en un número acotado de hectáreas y eso tendrá una fuerte fiscalización por parte del Ministerio de Agricultura”.
“Hemos impulsado un fuerte trabajo prelegislativo para alcanzar el mayor consenso posible, porque este es un tema que no se ha discutido antes. Es hora de enfrentar de una vez las consecuencias del crecimiento descontrolado de las parcelaciones y entregar certezas a quienes quieren habitar el territorio rural y que hoy son víctimas de estafas, ya que a poco andar se dan cuenta que sus suelos no cuentan con agua, luz, retiro de basura, entre otros problemas. También hay que enfrentar que el negocio de las grandes parcelaciones no hace ningún aporte al desarrollo ni de su entorno local ni nacional. Por ello, a través de este proyecto proponemos un modelo para que lo rural deje de ser una hoja en blanco y dotarla de un crecimiento planificado, y ordenado, reduciendo, además, la incertidumbre que enfrentan los municipios y los chilenos que no viven en estos territorios pero que se ven expuestos a diversos riesgos de un crecimiento sin planificación, como los incendios forestales”, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
El proyecto también busca proteger los suelos agrícolas de la fragmentación, asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y la conservación de recursos naturales y fortalece la fiscalización al incorporar nuevos actores del proceso. Además del Minvu, SAG y municipios, se suman las Direcciones Regionales de Vialidad del MOP y la Superintendencia de Medioambiente.
Este proyecto ha sido fruto del diálogo con distintos actores de la sociedad civil, que participaron en los foros regionales organizados por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), y también recoge el intercambio de ideas con los integrantes de las comisiones sectoriales de ambas cámaras del Congreso, todo con el fin de alcanzar el mayor consenso posible antes de iniciar su discusión legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.
“En el contexto complejo del cambio climático es fundamental proteger a las personas, el medioambiente y el suelo agrícola al mismo tiempo, y este proyecto es un reflejo de aquello. Ha existido un intenso trabajo para la elaboración de esta iniciativa, por ello, hacemos un llamado para tener un debate fructífero que nos permita avanzar en su aprobación con apoyo transversal”, enfatizó el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
Origen del problema
En el ámbito rural no existe norma que posibilite segundas o primeras viviendas, salvo unas pocas excepciones bien definidas en la normativa. En ausencia de ella se desarrolló un sistema de parcelaciones residenciales, basado en la combinación de dos facultades establecidas en cuerpos normativos distintos, y que no fueron diseñados con el fin de operar que se les da:
– La facultad de subdividir en hasta 0,5 hectáreas –sin cambiar el destino silvoagropecuario de los predios- contemplada en el DL. N°3.516.
– La prerrogativa del dueño de una propiedad agrícola para levantar las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, contemplada en el Art. 55 de la LGUC.
Es así como algunos privados han ajustado sus proyectos para vulnerar el citado decreto al lotear terrenos rurales simulando que continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus usos finales son de tipo habitacional.
Históricamente las subdivisiones prediales del DL N°3.516, aprobadas bajo la condición de no cambiar su destino agrícola, ganadero o forestal, han bordeado las 10.000 solicitudes. A contar del año 2021 se incrementaron sobre las 19.000 y sobre 20.000 el 2022.
Según estimaciones del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu, existen más de 350.195 predios enrolados como no agrícolas, con superficies de entre 0,5 y 1 hectárea. Esto equivaldría a una superficie que podría ir entre 175 mil y 300 mil hectáreas. Para tener un orden de magnitud, la superficie construida de todas las áreas urbanas del país suma 208.688 ha.
