La producción agropecuaria y forestal presenta ciertas características comunes que tienden a dejar en una posición vulnerable a quienes actúan en el primer eslabón de la cadena productiva. Por ejemplo, entre que se toma la decisión de producir un determinado bien (ya sea agrícola, forestal o pecuario) y el tiempo que transcurre hasta que éste se encuentre listo para su comercialización puede pasar mucho tiempo, incluso años, y requerir sustanciales inversiones que se hunden en el proceso (por ejemplo, la cría de ganado bovino especializado en la producción de leche). Lo anterior lleva a que los productores enfrenten altos riesgos y altos costos de cambio, elementos que pueden disminuir su poder de negociación en la comercialización futura de sus productos.
A los factores recién señalados, cabe agregar el hecho de que suele haber altos niveles de concentración en las industrias que adquieren estos productos, generando muchas veces una relación de dependencia hacia los productores, quienes no tienen alternativas prácticas para colocar sus productos.
Todas estas situaciones llevan a que se produzcan desequilibrios objetivos en el poder de negociación en la cadena productiva de los sectores agropecuario y forestal. Estos desequilibrios habilitan a la parte más fuerte para abusar de su mayor poder de negociación, permitiéndoles imponer condiciones comerciales que la otra parte no puede resistir eficazmente y que no conseguirían en una situación de equilibrio. Estos abusos que nacen de un sustancial desequilibrio en el poder de negociación de las partes, se conocen a nivel comparado como Prácticas Comerciales Injustas.
Las Prácticas Comerciales Injustas, en el corto plazo al menos, no siempre tienen efectos asignativos en el mercado donde se producen o de una entidad suficiente para caer dentro de los supuestos de acción de la institucionalidad de libre competencia. Asimismo, otras normas, como las relativas a la competencia desleal, derechos del consumidor o incluso las reglas generales establecidas en el Código de Comercio y Código Civil, no son suficientes para prevenir este tipo de prácticas, en cuanto no establecen una prohibición específica ni una institucionalidad suficiente para prevenirlas. Respecto a esto último es importante tener presente que uno de los problemas específicos para la prevención de estas conducta es el acceso a la justicia, tanto por la cuantía de la afectación patrimonial de las infracciones como por el hecho de que los potenciales afectados muchas veces tendrán su domicilio alejado de los centros urbanos.
Las Prácticas Comerciales Injustas producen efectos distributivos que implican transferir riquezas desde los contratantes más débiles a los más poderosos. Tal situación, que por sí misma es injusta, puede producir efectos en el largo plazo capaces de afectar el desarrollo de estos sectores. Si las condiciones comerciales perjudican sistemáticamente a los productores y otros participantes relativamente más débiles en la cadena productiva, terminará por afectar la calidad y cantidad de los productos en la cadena completa.
Esta propuesta de proyecto de ley tiene por objeto promover las transacciones agropecuarias y forestales mayoristas en condiciones equitativas, de manera que exista una libertad contractual efectiva entre las partes. Para ello se crea una nueva institucionalidad que tiene por objeto crear los incentivos y herramientas suficientes para terminar con las Prácticas Comerciales Injustas en las cadenas productivas de estos sectores, mejorando así las condiciones en que se producen y tranzan los productos y servicios que las componen.
