Alrededor del 31 de julio, las industrias integrantes de la Asociación de Industrias Lácteas (ASILAC) publicaron las respectivas plantillas de precios que regirán para la compra de leche a los productores en la temporada primavera-verano de 2001, que incluyen una reducción de los precios con la cual los productores no están de acuerdo.Las industrias justifican la rebaja del precio a pagar a los productores (la que, en promedio, alcanza hasta 10 pesos por litro) en que mantienen un significativo sobrestock y en que históricamente los precios bajan en primavera. Los productores, reunidos en FEDELECHE, indican, por su parte, que la baja es resultado de las pérdidas que las industrias sufrieron al adquirir leche en el extranjero a un precio estimado por ellos en 188 pesos por litro equivalente, derivado del aumento en el tipo de cambio y la mejoría del precio internacional. Según FEDELECHE, no existirían excedentes físicos reales de leche en poder de las industrias.
Por otra parte, el 24 de agosto, la Comisión Resolutiva Antimonopolios, otorgo un plazo de 72 horas a las empresas de productos lácteos SOPROLE, PARMALAT, NESTLÉ y LONCOLECHE para que hagan entrega de todos los antecedentes que justifiquen la baja en el precio del litro de leche a productor que comenzará a regir el 1 de septiembre. La medida fue solicitada por la Fiscalía Nacional Económica, que acogió una demanda interpuesta por FEDELECHE contra las industrias por supuesto abuso de posición dominante en el mercado lácteo.En otro ámbito, en los primeros días de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA) decidió suspender las importaciones de carnes blancas de Chile (pollo, pavo y cerdo) procedentes de 15 de las 21 plantas autorizadas por ese organismo para tal efecto. La medida, según SENASA, se basa en las irregularidades sanitarias y de procedimiento detectadas en la visita de inspección realizada en julio.
Por su parte, los gremios de productores y la Sociedad Nacional de Agricultura señalan que la medida constituye una forma de presión para que Chile levante la prohibición de ingreso de carne bovina argentina, medida que obedece al potencial contagio de fiebre aftosa mientras la Argentina no logre controlar los brotes de dicha enfermedad aparecida en su masa ganadera.La industria de carnes blancas en Chile muestra estándares de calidad de elevado nivel, lo que ha permitido su ingreso creciente a los mercados de la Unión Europea y de Japón, plazas consideradas más exigentes en términos sanitarios que la del mercado argentino.
El Servicio Agrícola y Ganadero, por su parte, entregó el 14 de agosto un informe preliminar en el que se indica que el 90% de las objeciones interpuestas por el SENASA a las 15 plantas chilenas ya estarían resueltas, dado que ellas eran «normales, menores y subsanables», por lo que se debería proceder a una inmediata reinspección de las plantas cuestionadas por parte del SENASA.Si el informe del SAG fuera acertado y, sin embargo, las restricciones impuestas por Argentina se mantuvieran, las Asociaciones de Productores de Aves y Cerdos, estiman procedente una reorientación en las compras de maíz argentino, principal insumo alimenticio de dichos animales y primer rubro de importación sectorial de Chile.
En el tema frutícola, el 13 de agosto, Argentina confirmó y puso en vigencia el aumento en medio dólar por kilo del arancel cobrado al ingreso de duraznos en conserva procedentes de Chile. La medida tiene una duración de tres años. Según las autoridades argentinas, los envíos chilenos de duraznos en conserva causan grave daño a su producción interna ya lesionada por la distorsión existente en el mercado internacional a raíz de la competencia de los duraznos subsidiados procedentes de Grecia.
Las reuniones y consultas realizadas por la Cancillería con autoridades argentinas, hasta el momento no arrojan resultados satisfactorios respecto de las razones para la imposición de esta sobretasa arancelaria. Esto condujo al Gobierno a solicitar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la realización de consultas bilaterales, pero ahora en el marco del Acuerdo de Salvaguardias que mantiene dicho organismo, dado que existen dudas respecto de la imparcialidad comercial de la medida.Finalmente, antes de finalizar agosto, el Gobierno inscribirá ante la OMC el nuevo arancel máximo consolidado que regirá para las importaciones de azúcar, el que será de 98%. Esto fue posible luego que se recibieran formalmente las respuestas positivas de Argentina y Guatemala respecto de las cuotas compensatorias asignadas a dichos países (21.000 toneladas y 16.700 toneladas, respectivamente).El tercer proveedor de azúcar para Chile es Brasil. Este país ha rechazado sistemáticamente la cuota compensatoria ofrecida por Chile (alrededor de 9.700 toneladas), por lo que es probable que recurra a la OMC para impugnar la medida, además de posiblemente dar curso a represalias comerciales que afecten las exportaciones chilenas de otros rubros.
El nuevo arancel consolidado para el azúcar sólo entrará en vigencia una vez que el Congreso acepte la modificación contenida en el proyecto de ley respectivo.
