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Es indudable que hoy la economía nacional tiene un mayor grado de apertura, el cual se profundizará rápidamente en los próximos años con la vigencia plena de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con la Unión Europea, Corea del Sur y EE.UU. Esta situación supone fuertes exigencias en materia de competitividad a todos los sectores productivos incluyendo por cierto a la agricultura.
El sector agroalimentario, que representa el 15% del PIB nacional, un 12% del empleo total y más del 25% del valor de las exportaciones, tiene la posibilidad cierta de constituirse en unos de los sectores más dinámicos de la economía chilena en los próximos años, dada sus ventajas naturales y adquiridas y las posibilidades de mercado recientemente abiertas.
Sin embargo, esta situación también constituye un gran desafío para incorporar a este proceso a nuevos rubros, actividades productivas y actores tradicionalmente marginados de la actividad exportadora como son por ejemplo las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, que presentan un mayor rezago y enfrentan mayores dificultades para adecuarse exitosamente a este nuevo escenario.
Dar respuestas adecuadas a estos desafíos es responsabilidad tanto del sector público como del privado. Para estos efectos, el Presidente de la República, mediante instructivo presidencial del pasado 22 de septiembre de 2003, creó el Comité de Ministros para el estudio del desarrollo de la agricultura nacional en el marco de los TLC suscritos por Chile. Este Comité tiene como tarea principal la revisión del marco normativo, de las políticas e instrumentos de fomento productivo y de la institucionalidad pública vinculada al desarrollo sectorial, con especial énfasis en lo que se refiere a la pequeña y mediana agricultura. Tiene un plazo de 180 días (que se cumplen en marzo de 2004) para completar su trabajo de revisión y proponer las medidas de ajustes que se estimen pertinentes. Está integrado por los Ministros de Economía Fomento y Reconstrucción; Secretario General de la Presidencia; de Hacienda; de Relaciones Exteriores y de Agricultura, quien está a cargo de su coordinación. La Secretaría Ejecutiva de este Comité es de responsabilidad del Director Nacional de ODEPA, quien dirige el equipo técnico para desarrollar este trabajo.
En este contexto, se han desarrollado ya varias sesiones de trabajo que se han centrado en analizar el marco normativo vinculado al desarrollo sectorial y las políticas e instrumentos de fomento. La metodología utilizada se ha basado en invitar a los profesionales responsables de los diferentes tópicos, quienes hacen una presentación del trabajo que realizan. Es así como acudió Gloria Peña, Gerenta de Comercio Exterior y Política Comercial del Banco Central de Chile, quien presentó el funcionamiento de la Comisión de Distorsiones. Asimismo, Pedro Mattar, Fiscal Nacional Económico, quien expuso sobre el funcionamiento de la Fiscalía y la nueva Ley, recientemente aprobada por el Congreso Nacional que establece un Tribunal de Libre Competencia. También se han realizado reuniones con directivos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Banco del Estado de Chile, en este último caso para conocer la vinculación de esta institución con el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas agrícolas.
Un propósito importante de lograr en este proceso es conocer las opiniones y demandas directas de los actores productivos. En este sentido, se ha realizado una primera ronda de reuniones de trabajo con representantes de los principales gremios de agricultores del país: con el presidente y gerente de la SNA, Andrés Santa Cruz y Gustavo Rojas respectivamente; con representantes de todas las asociaciones gremiales vinculadas al CAS, que preside el Sr. Manuel Riesco; con los dirigentes nacionales del MUCECH, Omar Jofré y Raúl Aravena; con Manuel Peñailillo y Francisco León de Campocoop y Alejandro Toledo de la Voz del Campo y con representantes de las redes por rubros vinculadas a INDAP.
Entre los principales temas que se han abordado con las agrupaciones que representan a medianos y grandes agricultores (SNA y CAS), se encuentran las siguientes:
- En el plano del marco normativo: el funcionamiento de la Comisión de Distorsiones, la legislación laboral en el ámbito del sector agropecuario, los mecanismos de devolución del IVA a los agricultores.
- En el plano de las políticas e instrumentos de fomento: el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, el Programa de Riego y el Seguro Agrícola, incentivos tributarios a las empresas agrícolas que se instalen en regiones, un programa de apoyo a la ganadería de carne y leche, incentivos a la asociatividad y a la capacitación, impulsar un mayor apoyo del Banco Estado al financiamiento de las necesidades del sector.
Por su parte, los representantes de la pequeña agricultura han planteado que sus principales preocupaciones están referidas a una mejor reprogramación de deudas, a un mayor apoyo financiero y a una capacitación, transferencia tecnológica y asesoría técnica adecuadas a los desafíos actuales y futuros del sector.
En las próximas semanas se enfrentarán los aspectos institucionales, con énfasis en la institucionalidad de apoyo a la pequeña y mediana empresa agrícola (INDAP, CORFO, Banco Estado y otros), en generación y transferencia de tecnología (INIA, FIA, INFOR, universidades, centros de investigación y el rol de INDAP en esta materia) y en la defensa del patrimonio fito y zoosanitario (SAG). Además, se concretará una segunda ronda de reuniones con los actores productivos para precisar los temas y establecer puntos de acuerdo.
Del trabajo que desarrolle este Comité se espera dar respuestas eficaces, entre otros a los siguientes asuntos:
- Optimización de las oportunidades de mercado abiertas con los diferentes tratados, buscando la ampliación de la oferta exportadora hacia nuevos productos y hacia una mayor agregación de valor de los mismos.
- Ampliar la frontera geográfica de la agricultura exportadora, promoviendo la incorporación de las regiones del centro sur y sur del país a este proceso, por la vía de su diversificación productiva así como del pleno aprovechamiento de las oportunidades abiertas para la ganadería de carne y leche.
- Promover activamente la incorporación de los pequeños y medianos productores a los circuitos más dinámicos y rentables de la actividad agropecuaria, mediante un eficiente apoyo tecnológico, financiero, organizativo y de gestión.
- Apoyar los procesos de modernización, diversificación y transformación productiva que faciliten la adaptación de los productores con mayor vulnerabilidad frente a la consolidación del proceso de apertura, en especial en las regiones del sur del país.