La intervención en los mercados agrícolas es un fenómeno mundial. A fin de guiar esa intervención los gobiernos utilizan la política de gastos y de incentivos para estimular un desarrollo productivo competitivo y apoyo a los sectores de menores ingresos. Se construyen carreteras y se asignan fondos a la I&D, el Estado subsidia la inversión en regadío, se aplican aranceles al comercio internacional (en el pasado se fijaban precios oficiales a productos e insumos), se implementan programas focalizados de extensión y subsidios al crédito, y otras medidas de apoyo. Estas representan intervenciones específicas en el sector. Sin embargo, otras políticas dirigidas al comercio y al manejo macroeconómico de la economía son a veces también de gran importancia para la agricultura, incluyendo políticas que afectan los salarios y condiciones del empleo, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal y real, cambios en la protección industrial, los acuerdos de Libre Comercio, y otras intervenciones que influyen en como el sector se ajusta a sus oportunidades relativas a otros sectores que compiten por la mano de obra, inversión, y gestión empresarial.
Esta Nota documenta y contribuye a transparentar la estructura y gasto público y la política comercial en agricultura Chilena, y en el proceso identifica interrogantes pendientes acerca del apoyo del gobierno al sector agrícola de Chile. El análisis se concentra en políticas específicas sectoriales durante el periodo 1990-2017, utilizando datos e indicadores popularizados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OECD). Los indicadores incluyen el apoyo al productor (medido por el llamado Producer Subsidy Estimate – PSE) y sus componentes (Market Price Support- MPS – y Budget Transfers and Subsidies-BTS), y el apoyo a través de servicios generales (General Support Estimate- GSSE).
Los resultados muestran que, como % del valor de la producción silvoagropecuaria en Chile, desde 1990 a 2017 el nivel de apoyo ha disminuido y es relativamente bajo en comparación con la mayoría de países evaluados por la OCED. Además, se observa un cambio en la composición de apoyo – menor apoyo vía precios (MPS) y mayor apoyo vía gasto público. Un 50% del gasto público se asigna como apoyo específico a los productores agrícolas (BTS) y el 50% restante se asigna como apoyo general al sector (GSSE). Es relevante destacar que aproximadamente el 56% de estos gastos específicos (BTS) se destinan como subsidio a “bienes privados” y no a “bienes públicos”, lo que plantea un desafío en términos de eficiencia, distribución y bienestar. En términos de tipos de programas, los mayores apoyos del gasto público se han orientado a regadío, y luego a innovación, apoyo a poblaciones indígenas y sanidad y calidad (SAG). En un estudio paralelo, Odepa está elaborando un análisis cuantitativo acerca del impacto del Programa de Indap, desagregado por región, nivel y fuentes del ingreso familiar, características del hogar, nivel de activos y programa.
