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Comisión interministerial para el desarrollo del sector agropecuario y forestal
Como es de conocimiento público, a fines de marzo de 2004 finalizó el trabajo de la Comisión Interministerial para el desarrollo agropecuario y forestal, creada por el Presidente de la República e integrada por los Ministerios de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia y coordinada por el Ministerio de Agricultura. Sus objetivos fueron efectuar una revisión detallada del marco normativo y de las políticas e instrumentos de apoyo al desarrollo del sector agropecuario y forestal, proponer ajustes y adecuaciones a éstos y efectuar un análisis de la institucionalidad pública sectorial. Su origen y justificación están dados por la necesidad de que el sector silvoagropecuario se adapte adecuadamente al nuevo escenario que surge a partir de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país. El trabajo de esta Comisión se centró en definir propuestas hacia la pequeña y mediana agricultura y hacia los sistemas productivos tradicionales del sur del país, sectores que claramente requieren esfuerzos y apoyos adicionales para enfrentar con éxito el proceso de apertura económica.
En su primera etapa, el trabajo de la Comisión estuvo dirigido a identificar los factores críticos que determinarán la evolución del sector en los próximos años y que hoy dificultan un mayor desarrollo sectorial: investigación e innovación tecnológica, inversión y acceso al financiamiento, productividad y modernización y adecuación institucional. En base a ellos se elaboraron las propuestas.
En lo que se refiere a investigación y tecnología, se plantea un inmediato reforzamiento de la transferencia tecnológica efectuada por el INDAP, para lo cual se articulará estrechamente con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
En una perspectiva de mediano plazo se propone el rediseño institucional del sistema de investigación y desarrollo del sector, propiciando para ello la especialización por cadenas agroalimentarias, una mayor integración del INIA con las universidades e institutos regionales, y una participación directa de los componentes de las respectivas cadenas agroalimentarias. Esto se complementará con el análisis que ya está efectuando el Gobierno para perfeccionar los mecanismos institucionales, que permitan dar un salto cualitativo en cuanto a la gestión de los recursos asignados para investigación y desarrollo en el país.
Respecto de inversión y acceso al financiamiento, se proponen diversas medidas concretas destinadas a perfeccionar y diversificar la oferta de instrumentos financieros para el sector, así como medidas orientadas hacia una mayor formalización económica y financiera de los productores que favorezca su elegibilidad por parte de la banca.
En el caso específico de la pequeña agricultura, se sugiere reforzar y ampliar el proceso de modernización de la función crediticia de INDAP, avanzando hacia una mayor articulación con la banca y propiciando el establecimiento de un sistema de gradual formalización de sus usuarios y por tanto de incorporación de nuevos clientes.
En cuanto a fomento productivo, orientado especialmente a mejorar la situación competitiva de la economía agrícola y pecuaria de las regiones del sur del país, se plantea: a) la inmediata puesta en marcha del Programa de Desarrollo Ganadero, que incluye diversas medidas específicas para el fortalecimiento de la ganadería bovina de carne y leche; b) el lanzamiento de un Programa de Modernización de la Producción de Cereales, que incluye reforzamiento tecnológico, fortalecimiento del rol de COTRISA y apoyo a una mayor articulación con la industria acuícola; c) la ampliación de las oportunidades de desarrollo del sector forestal, mediante la aprobación de la Ley de Bosque Nativo, el reforzamiento de la transferencia tecnológica especializada y el perfeccionamiento de la institucionalidad pública forestal.
En lo que atañe a modernización institucional, se hace especial énfasis en la necesidad de acometer de inmediato el reforzamiento y ajuste del Servicio Agrícola y Ganadero, dado su rol estratégico como garante de la calidad fito y zoosanitaria del país, que es la condición indispensable para la apertura de mercados. En el mediano plazo se plantea efectuar las evaluaciones y estudios que lleven a la transformación de la actual estructura pública sectorial en un Ministerio de Agricultura y Alimentación. Se propone, igualmente, preparar el rediseño de la institucionalidad de apoyo al fomento productivo de la pequeña agricultura, adecuando al INDAP a las nuevas exigencias y escenario de desarrollo sectorial.
Por último, también en una perspectiva de mediano plazo, se destaca la necesidad de abordar las carencias institucionales y de diseño estratégico respecto del desarrollo rural. Ello aparece como un paso esencial si se busca especializar y profesionalizar al Ministerio de Agricultura y sus servicios dependientes en apoyo al fomento productivo para el sector agroalimentario.
Revise el documento completo: Agenda Agroalimentaria y Forestal 2004-2006 (PDF 493kb)
Política de conservación y uso de recursos genéticos nativos de Chile
En general, en los países en desarrollo, entre ellos Chile, la biodiversidad tiene un alto valor y sus recursos naturales son de gran importancia para su desarrollo. En nuestro caso, muchas especies de flora y fauna silvestre son endémicas, vale decir, exclusivas y propias del país.
Además del valor estrictamente ambiental de la biodiversidad, en las últimas décadas este recurso ha tenido una gran demanda para mejoramiento de las especies y, especialmente, para biotecnología farmacéutica e industrial, demanda que recae en países con mayor biodiversidad, como son los países tropicales, y que últimamente también ha involucrado a países de zonas mediterráneas y templadas, como es el caso de Chile.
En este sentido se debe entender la responsabilidad del país por asegurar la conservación y utilización sustentable de sus recursos, reconocer los conocimientos y aportes de sus comunidades indígenas y de agricultores y velar por una participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
En el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Chile, aparecen interesantes oportunidades para la agricultura chilena, la que tiene que adecuarse a los desafíos de competitividad y de producción limpia, sostenible y de calidad. Un factor relevante para lograr esto será el aprovechamiento de la biodiversidad del país en cuanto a la flora y la fauna existentes, que constituyen una reserva estratégica para ser utilizada a través de la biotecnología.
El Ministerio de Agricultura, dentro de sus temas prioritarios en recursos naturales en la Política de Estado 2000 – 2010, plantea la necesidad de desarrollar una estrategia que permita la valorización y protección de los recursos genéticos nativos. Para ello, se han definido tres líneas de trabajo: conservar los recursos genéticos in-situ (en su ambiente natural) y ex-situ (fuera de su ambiente natural), incentivar su uso en Chile e implementar una nueva normativa que regule el acceso al material genético nativo. De esta manera, según opinión de los expertos, se podrá alcanzar la obtención de productos y patentes, que es la mejor forma de resguardar el valor de los recursos genéticos nativos. A su vez, la Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología también plantea, en el área normativa, regular el acceso a los recursos genéticos autóctonos.
En la actualidad, el Ministerio de Agricultura coordina un grupo de trabajo interministerial para la elaboración de un proyecto de ley que regule el acceso a los recursos genéticos nativos terrestres y acuáticos. Esto permitirá que Chile dé cumplim
iento al compromiso adquirido al ratificar el Convenio sobre Diversidad Biológica que emana de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y que fuera promulgado como ley de la República por Decreto Supremo N° 1.963 de 1994.
