La situación argentina ha seguido evolucionando durante el mes de febrero. Tal vez el hecho más relevante ha sido la liberalización cambiaria finalmente decretada por el Gobierno, con la unificación de las áreas de cambio establecidas anteriormente. Con ello exportadores e importadores deberán recurrir al mercado para llevar a cabo sus operaciones cambiarias.
Lo anterior ha traído como consecuencia inmediata un alza en la paridad, que es hoy más de un 100% superior a lo que era hace dos meses. En los últimos días el dólar norteamericano se ha estado transando a alrededor de $2, con un rango entre $1,90 y $2,20, para comprador y vendedor, respectivamente. El Gobierno ha efectuado declaraciones en el sentido de que intervendrá el mercado a través de la venta de divisas, para llegar a un cambio de equilibrio de $1,60 – 1,70 por dólar.
No obstante lo anterior, se observa una demanda relativamente reducida, no porque no haya interés en adquirir divisas norteamericanas, sino por la escasez de dinero en manos privadas para traducirlo en operaciones reales. Por otro lado, los importadores pasan también por un momento difícil, pues han sufrido la «pesificación» de los créditos internos que han dado a sus compradores, mientras enfrentan deudas en dólares con sus proveedores extranjeros, todo lo cual los mantiene también relativamente alejados del mercado.
Esto ha repercutido en los precios de los commodities, pues los exportadores, sin poder liquidar sus dólares a un precio para ellos razonable, han preferido asegurarse y traspasar el precio que podrían obtener realmente en el mercado por sus divisas a sus precios de compra a los productores. Esto trae como consecuencia que, ante ese nivel de precios deprimido, los productores se rehusen a vender más que lo estrictamente necesario para sus necesidades más apremiantes. Se da entonces un mercado con muy poco movimiento y a un precio menor en pesos que lo que esperaban los productores, a lo que se agrega la fórmula de pago de los exportadores, que en este año será de 90% al contado y 10% a 120 días.
Por otra parte, continúa latente la amenaza de entrar en un ciclo inflacionario. La devaluación y su influencia sobre el precio de los bienes transables, ya sean productos o materias primas, obliga a pasar por un proceso de ajuste de los precios relativos, que seguramente se estabilizarán en un nivel más alto que el previo al proceso. Lo importante es que en algún momento se estabilicen y no se entre a una espiral inflacionaria, en que el alza de precios se va autoalimentando. A esto último podría contribuir una probable indexación de las tarifas de los servicios públicos, y en sentido contrario están actuando la recesión general y la falta de dinero en poder de la población.
En los últimos días, y a pesar de seguridades en contrario que se habrían dado en otro momento por parte del Gobierno, han aumentado los rumores en el sentido de que se estaría analizando la posibilidad de establecer un impuesto o retención a las exportaciones agrícolas. El fin de esta medida, además de allegar fondos a las arcas fiscales, sería reducir el efecto de la devaluación sobre el precio interno a consumidor de los productos agrícolas. Sus contradictores alegan que con ella disminuirían los ingresos de un sector cuya rentabilidad ha sido nula durante mucho tiempo, con lo que se reduciría la posibilidad de realizar inversiones y la capacidad de respuesta productiva, que en última instancia es la única que puede sacar al país de la encrucijada que vive.
En el mismo sentido se estima que actuará la disposición por la cual los productores agrícolas percibirán sólo la mitad (10,5%) del IVA de los productos que vendan. Esta medida, similar a la que se conoce desde hace algún tiempo en Chile para algunos de los principales productos agrícolas y pecuarios, se ha justificado en el combate a una evasión tributaria que, aunque no se conoce su real dimensión en el campo, se estima cuantiosa. Sus detractores alegan que con ella se está castigando a los agricultores que cumplen con sus obligaciones, aumentando los saldos en su poder que se han venido acumulando a través de los años. Además se reduciría la inversión en bienes de capital y el uso de insumos necesarios para obtener una alta productividad, retrotrayendo la técnica agrícola a la que se usaba en los años §80.