El Gobierno decidió incorporarse, a partir de diciembre del año en curso, al grupo de países productores de vino llamados del «nuevo mundo», para diferenciarlos de la otra alternativa de asociación formada por países productores tradicionales de Europa, como Francia e Italia, acuerdo que habría implicado negociaciones en materias que aún deben estudiarse, como denominación de origen y marcas.
De esta manera, Chile se incorporará al denominado Convenio de Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas, del cual forman parte ya Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, esperándose la futura firma de México, Uruguay, Argentina y Sudáfrica.
El mencionado Convenio implica que si un vino producido en cualquiera de los países suscriptores es apto para ser consumido internamente, lo será también para los mercados del resto de los países firmantes. Por lo tanto, ninguno de los suscriptores podrá exigir a otro(s) certificaciones adicionales, derogaciones u otras exenciones relativas a cualquier práctica enológica, a menos que de por medio esté en riesgo la salud de los consumidores.
La firma del Convenio por parte de Chile implica, según Viñas de Chile, no sólo el reconocimiento de las prácticas enológicas, sino también despejar las trabas paraarancelarias en el comercio del vino que pudieren surgir en el potencial TLC con Estados Unidos, mejorar el acceso al mercado canadiense y ubicarse en similares condiciones competitivas que Australia. La organización gremial mencionada observa también que la firma del Convenio permitirá la unificación de la información obligatoria del producto en el etiquetado, lo que representará un significativo ahorro de costos.
La dilatación en la toma de decisión para la firma del Convenio por parte del Gobierno, se debió a la necesidad de cautelar los intereses productivos de los pequeños viñateros dedicados a la comercialización de vino a granel. Por ello es que el Gobierno se encuentra explorando la posibilidad de formar un fondo con participación público-privada destinado a estudiar las alternativas de la producción vinífera tradicional, especialmente de la uva país, localizada en las regiones VII y VIII, para otorgarles un futuro sustentable.
El 10 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que presentó el Presidente de la República destinado a modificar el nivel del arancel consolidado de Chile ante la Organización Mundial de Comercio para el azúcar. El proyecto de ley, como se recordará, tiene como propósito aumentar el arancel máximo desde 31,5% a 98%, de modo que la banda de precios del azúcar pueda seguir operando aun ante escenarios de precios internacionales muy bajos.
Esto no significa que ese arancel sea el que afectará en el futuro a todas las importaciones de azúcar, sino sólo es un nivel hasta el cual se puede llegar en forma puntual en condiciones de mercado extraordinariamente deprimido, debido a la aplicación de la banda de precios.
La iniciativa se encuentra actualmente en el Senado, uno de cuyos integrantes se opone de manera enfática al aumento del arancel, aduciendo que las empresas que utilizan azúcar como insumo estarían en desventaja frente a la competencia extranjera, al tener que pagar un gravamen bastante mayor por la importación de su materia prima principal. Esta posición es compartida por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y por la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua (ASIVA). En tanto, la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER) aduce que, aunque es efectivo que el mercado internacional del azúcar está protegido y es excedentario, lo que genera importante volatilidad de precios, es necesario estabilizar los precios internos, pero no proteger la producción nacional.
IANSA, por su parte, justifica la elevación del arancel consolidado dadas las protecciones que subsisten en Europa y Estados Unidos para la azúcar blanca, cuyos consolidados y salvaguardias alcanzaron en el año 2000 niveles de 350% y 250%, respectivamente.
Posición favorable al proyecto de ley también es la de los productores remolacheros, quienes argumentan que su no aprobación acarrearía graves problemas a las regiones VII y VIII, considerando que el 40% de los ingresos regionales provienen de la agricultura; que este rubro genera un elevado nivel de empleo y que el 63% de los productores de remolacha siembran extensiones no mayores de 5 hectáreas.
Luego de un año de labores, la comisión sobre bosque nativo entregó el 2 de octubre al Presidente de la República un protocolo de acuerdo al respecto, que debería servir de marco en la aplicación de una propuesta modificativa del proyecto de Ley de Bosque Nativo que reposa sin definición en el Congreso desde 1992.
El punto central del protocolo logrado como acuerdo final en las conversaciones entre personeros de los sectores público y privado, con diferentes enfoques con respecto al bosque, es el incentivo a la recuperación, conservación y manejo sustentable del bosque nativo. Concuerdan la creación de dos líneas de apoyo, una dirigida a financiar actividades de manejo socialmente rentables bajo un plan de ordenación forestal, y otra para financiar actividades que estimulen la recuperación del bosque nativo.
Con esto se pretende obtener que resulte rentable a los propietarios de terrenos con especies autóctonas el mantener los árboles nativos en vez de reemplazarlos, de manera que se mantenga o acreciente la superficie cubierta con este tipo de bosque.
La indicación que con este protocolo hará el Ejecutivo a la Ley de Bosque Nativo no incluye el tema de la sustitución, punto en el cual los diversos firmantes del protocolo no alcanzaron un acuerdo. La sustitución se refiere al proceso de recambio del bosque nativo por especies exóticas de rápido crecimiento o por actividades productivas distintas a las forestales, como la agrícola y la ganadera.
Por tanto, el proyecto de indicaciones a la Ley no contendrá, en esta oportunidad, comentarios respecto a la aprobación o prohibición de la sustitución, y se operará con lo establecido en el DL 701, que obliga a regenerar o reforestar con las mismas especies un predio que ha sido cosechado.
Por lo anterior, CONAF reitera la necesidad de implementar los bonos o subsidios al manejo sustentable, porque ellos se convertirían en las herramientas claves para desincentivar el proceso de recambio.
Como información de interés se puede agregar que en Chile existen 15,6 millones de hectáreas de bosques, de las cuales el 86% corresponden a especies nativas. Del total de superficie con bosque nativo, el 82% se concentra en las regiones X (27%), XI (36%) y XII (20%).
