El sector agropecuario de Chile tiene grandes desafíos para la integración de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. La biodiversidad contribuye de múltiples maneras al sostenimiento de la agricultura y la producción de alimentos, y ayuda a desarrollar la resiliencia ante amenazas y crisis, incluidos los efectos del cambio climático. En este contexto, el rol de la integración de la biodiversidad en la agricultura es considerado fundamental a nivel internacional para garantizar la diversidad de hábitats y paisajes, para promover la resiliencia de las regiones, la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos (FAO, 2019).
En este contexto es que el presente informe analiza y propone medidas y estrategias para la integración de la biodiversidad y su protección, conservación y uso sustentable en el sector agropecuario en Chile, en base al análisis de la experiencia internacional y al estado de situación de los instrumentos disponibles en el marco regulatorio y de políticas públicas nacional.
Se considera como marco general, las nuevas metas del Marco Global para la biodiversidad de Kunming-Montréal, adoptado por los países de la CBD en la COP15, la COP21 de París, el “Koronivia joint work on agriculture”, decisión 4/CP.23 y el Acuerdo de París.
La realización de este documento se dividió en tres etapas principales, las cuales consistieron primero de un análisis de casos internacional de tres países que han incorporado de maneras distintas la biodiversidad al sector agropecuario. El primer caso sobre la Unión Europea correspondió a una política pública impulsada desde un gobierno central (en este caso, el órgano regente de esta agrupación de países), el cual es de adopción obligatoria para los países miembros. El segundo caso analizó el contexto mexicano, correspondiente a un proyecto que fue primeramente impulsado por el Gobierno en conjunto con la cooperación internacional, y agencias técnicas de Naciones Unidas, el cual eventualmente fue incorporado como parte de la institucionalidad nacional. El tercer caso fue Australia, y correspondió a un instrumento de fomento para los agricultores australianos, de adopción voluntaria, y que funciona principalmente a través de incentivos de tipo económico, ya sea transferencias directas de recursos, o certificaciones que permiten generar un mayor valor de venta para los productos.
En una segunda etapa se llevó a cabo un catastro de instrumentos de política pública que tuvieran consecuencias sobre la integración de la biodiversidad en el sector agrícola nacional. De este análisis destacan: los acuerdos, convenios y tratados que ha ratificado Chile a con otros países y el mundo sobre temas de biodiversidad, y otras iniciativas a nivel de política pública, como estrategias nacionales, los planes de adaptación al cambio climático, y estrategias sectoriales sobre sustentabilidad agroalimentaria; a nivel de normativas, como el nuevo SBAP, programas de fomento y e incentivos del Estado y Leyes como la de agricultura orgánica; y a nivel de mercado, como los Acuerdos de Producción Limpia y diversas certificaciones. En el curso de esta etapa, se desarrollaron también entrevistas que permitieron comprender, desde el punto de vista de actores públicos y privados, la situación actual a nivel nacional de la integración de la biodiversidad en el sector, además de las mayores brechas percibidas por estos actores, los riesgos y las oportunidades al respecto.
Existen aspectos que son transversales y relevantes para que las iniciativas de integración de la biodiversidad en la agricultura sean exitosas. Entre estos, podemos destacar la coordinación entre actores, sectores e instituciones; la generación de políticas y normas y sus mecanismos de cumplimiento; la generación de fuentes de financiamiento estables; generar motivación para los agricultores ya sea a través de estrategias de comando y control (“garrote”) o de incentivos (“zanahoria”) ; y, generar iniciativas bien diseñadas que no impliquen mucho desgaste para su implementación (iniciativas simples, sin tantos costos de transacción) (Alvarado et al., 2022; FAO, 2021).
A partir de las diferencias que existen para la inclusión de la biodiversidad en las diferentes escalas es que se presenta una propuesta técnica de incorporación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos a nivel institucional y en las distintas escalas territoriales. En la escala territorial, la que se compone por la escala del paisaje y predial, se incorporan los niveles de biodiversidad genética, de especies y ecosistemas.
A nivel institucional debe existir coordinación y vinculación entre estrategias, instituciones ni instrumentos. Las estrategias y programas ya existentes debieran poder converger a una Estrategia Nacional de Integración de la Biodiversidad en el Sector Agropecuario, en donde se establezcan los objetivos, metas, planes e indicadores, y que utilicen los instrumentos de fomento e instituciones existentes para lograr dichos objetivos. Para esto, se sugieren los roles de las diferentes instituciones y las modificaciones que se debiesen desarrollar para que esta Estrategia se pueda implementar. Así, toda la creación de esta estrategia debiera estar enmarcada dentro de la Ley SBAP y del mandato Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático (CMS), y converger de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria, y otras como el Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025 (ENRCCV), el PNACC del sector agropecuario, el PNACC del sector biodiversidad y el Protocolo de Agricultura Sustentable. Esta Estrategia debiera ser creada y diseñada por el CONB, u otra comisión o mesa interinstitucional, presidida por el Ministerio de Medio Ambiente y conformada todos los otros Ministerios relacionados a la temática y coordinada y llevada a su implementación por el Comité Interministerial de la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria liderada por ODEPA. Desde ese punto se debiera hacer una bajada a cada una de las regiones a través de los CORB u otra comisión regional que lleve estos temas, y regulada por los PROT, los cuales debieran coordinar los gobiernos regionales para su cumplimiento a través de los incentivos (Ley de riego, ley de bosques, SIGESS y TAS) y mercados (Créditos, compensaciones y certificaciones).
A continuación, se señalan ciertos ajustes propuestos a la situación nacional actual respecto a la coordinación interinstitucional y a la gobernanza, que permitirían aprovechar las circunstancias ya existentes para afianzar más las relaciones interinstitucionales e impulsar la transversalización de la biodiversidad y su uso sostenible en el sector agrícola.
