La comisión encargada de este tema, que coordina la directora nacional de Odepa, realizó taller especializado en la FAO, al que asistieron el director ejecutivo de Conaf y el delegado presidencial para los recursos hídricos de Chile.
“El agua es un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación, aunque su aprovechamiento sea por parte de privados”. La afirmación proviene del delegado presidencial para los recursos hídricos de Chile, Reinaldo Ruiz, quien expuso en el Taller Agua-Bosques-Plantaciones realizado en el marco del Consejo de Política Forestal (CPF), cuyos miembros se encuentran elaborando las directrices sectoriales para el período 2015-2035.
La jornada tuvo lugar en la sede de la FAO en Santiago, el 5 de noviembre, y a ella asistieron el presidente del Consejo de Política Forestal y director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres; el oficial Forestal Principal de FAO para América Latina y el Caribe, Jorge Meza; la Consejera del CPF, coordinadora de la Comisión Agua-Bosques-Plantaciones, directora nacional de ODEPA, Claudia Carbonell; la especialista de FAO en agua y bosques, la canadiense Elaine Springgay; y el delegado presidencial para los recursos hídricos, Reinaldo Ruiz.
En la ocasión, el representante de la Presidenta Michelle Bachelet para los recursos hídricos, encargado de diseñar una nueva normativa para el uso del agua, sostuvo que en Chile la actividad de mayor demanda de agua es la agrícola con un 73% del consumo total, seguido por la industria con un 12% y la minería con un 9%.
“Sin embargo, explicó Ruiz, la prioridad en el uso del agua la tiene el consumo humano, que ocupa sólo el 6% del total, y en este aspecto no debiéramos tener problemas porque Chile es uno de los países con más disponibilidad de este vital elemento, pero lo tenemos desigualmente distribuido, tanto de norte a sur como de cordillera a costa”.
Precisamente para recabar información sobre el impacto de las masas boscosas en la disponibilidad de agua, el Consejo de Política Forestal encargó un taller con la participación de especialistas y representantes de los distintos ámbitos del sector forestal.
“Lo que pretendemos -sostuvo Aarón Cavieres- es contar con la mayor cantidad de información derivada de quienes están ligados al sector, como también de los expertos, para poder generar una política forestal reconocida por todos. Desde enero estamos trabajando en esta iniciativa, que ha tenido como característica la participación de un amplio abanico de visiones sobre el sector forestal. En este Consejo, todas y todos han estado colaborando con una gran generosidad por un proyecto país, a fin de cumplir con el mandato de la Presidenta Bachelet en cuanto a construir un sector con equidad e igualdad de oportunidades”.
El director ejecutivo de CONAF comentó, además, que los consejeros aprobaron por unanimidad los Desafíos y elementos de Visión de la Guía para la Formulación de la Política Forestal y que durante el mes de enero de 2016 se entregará dicha normativa con sus metas e indicadores.
Por su parte, el oficial Forestal Principal de FAO para América Latina y el Caribe, Jorge Meza, junto con dar la bienvenida a los participantes, destacó la construcción de una política forestal por parte de Chile, resaltando el análisis de los recursos hídricos. “Las deliberaciones y acuerdos son esenciales para promover un sector forestal con mayor impacto positivo en la calidad y cantidad de agua en este país. Esperemos que el trabajo de la comisión dé luces y orientaciones sobre el esfuerzo que deberá ser promovido en Chile en relación a la protección de las fuentes y los cursos de agua, y al uso sostenible del recurso hídrico, combinado con un efectivo manejo forestal sustentable”, dijo la autoridad internacional.
Tras los trabajos grupales, la coordinadora de la Comisión Agua-Bosques-Plantaciones y consejera del Consejo de Política Forestal, la directora nacional de ODEPA, Claudia Carbonell, entregó un resumen con los resultados de la jornada, sistematizando los acuerdos y desacuerdos en materia de diagnóstico, propuestas y acciones a emprender.
“Respecto del diagnóstico -indicó- se observa un alto nivel de acuerdo entre los participantes en cuanto a la necesidad de mejorar la coordinación entre políticas sectoriales, lineamientos institucionales y entes involucrados en el sector; y que se requiere de una institucionalidad forestal acorde a la importancia del sector”.
En cuanto a propuestas, surgieron acuerdos transversales en cuanto a realizar mejoras en la gestión de los instrumentos de fomento y regulación existentes; a diversificar los instrumentos con mayores incentivos a la forestación que ayuden a la recuperación del recurso hídrico y adecuadas sanciones a quienes provoquen daños sobre éste; y a priorizar la investigación en cuencas críticas de producción de agua. Opiniones discrepantes se recogieron en materia de establecer “impuestos verdes” para incentivar estrategias de manejo forestal orientadas a la protección de los recursos hídricos o para incentivar la restauración socio-ecológica.
Carbonell señaló, además, que del Taller Participativo se dedujo que deben implementarse una serie de acciones en el corto, mediano y largo plazo, orientadas a: establecer una eficiente coordinación entre los servicios públicos para asegurar una buena planificación del Estado en relación a los temas asociados a los ecosistemas forestales y los recursos hídricos; apoyar al Consejo de Política Forestal y mejorar la aplicación de los incentivos contemplados en la Ley de Bosque Nativo, entre otras medidas.
Finalmente, la información recogida se pondrá a disposición del Consejo de Política Forestal para que sus integrantes sean quienes resuelvan al respecto.