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La finalización de las negociaciones comerciales con la Unión Europea, Corea del Sur, Estados Unidos y EFTA, que se agregan a otros importantes acuerdos comerciales concretados en los últimos años, configuran un escenario nuevo para el sector agroalimentario chileno, con amplias perspectivas de mercado en prácticamente todos los rubros productivos y, a mediano plazo, con la posibilidad de agregar bienes con mayor nivel de procesamiento a su oferta exportadora, en la actualidad constituida mayoritariamente por productos primarios.
De igual modo, la apertura de la economía agrícola chilena ya iniciada unilateralmente en la década de los 80 y profundizada posteriormente con los acuerdos comerciales y con las sucesivas rebajas de aranceles, se consolidará definitivamente en los próximos 10 años e incluirá plenamente al conjunto de la agricultura sustituidora de importaciones, planteando mayores exigencias de competitividad especialmente para la producción de granos, carnes y lácteos.
Sin duda, el escenario que se avecina muestra signos positivos, al punto que el sector agroalimentario y silvícola, que representa un 15% del PIB nacional, un 12% del empleo total y más del 25% del valor de las exportaciones, puede esperar cifras positivas de expansión por un período prolongado de tiempo. Estimaciones del sector privado indican que hacia fines de esta década o comienzos de la próxima, el sector agropecuario y silvícola podría prácticamente duplicar el valor de sus envíos al exterior, que ya en 2002 alcanzaron la cifra record de US$ 5.250 millones.
No obstante, el pleno aprovechamiento de las potencialidades, así como la oportuna adaptación de los sectores más vulnerables a la apertura, supone dar respuestas eficaces, de tal forma de optimizar las oportunidades de mercado, incorporar a los beneficios de una agricultura rentable y dinámica a los pequeños y medianos productores y a las regiones del centro sur y sur del país y apoyar los procesos de modernización y transformación productiva que hagan posible la oportuna adaptación a este nuevo escenario.
Si bien los actores principales de este proceso continuarán siendo los empresarios agrícolas, la magnitud de los desafíos por encarar ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar y profundizar las políticas públicas, de manera que, con una renovada visión estratégica y en estrecha cooperación con el sector productivo, contribuya a materializar las promisorias perspectivas existentes. De allí la significación del grupo especial de trabajo creado por instrucciones del Presidente de la República, que, con la participación de los Ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia y bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, deberá abocarse en un plazo máximo de 180 días a realizar una exhaustiva revisión de las políticas sectoriales, con la finalidad de proponer los ajustes y complementos que se consideren necesarios.
El trabajo se concentrará en tres planos principales: i) en los diferentes aspectos normativos que atañen al sector, incluyendo aquellos aspectos que hacen al funcionamiento de los mercados y a la competencia externa e interna, y en general a los aspectos que a este nivel intervienen en el desarrollo y certificación de procesos productivos; ii) en las políticas e instrumentos de apoyo al desarrollo sectorial, área donde adquiere especial relevancia lo referido al financiamiento de la inversión, indispensable para dinamizar la modernización del sector, así como a la generación y transferencia de tecnología, y a los instrumentos orientados a mejorar la productividad de los recursos naturales y la modernización de la gestión; iii) por último, forma también parte del trabajo programado la revisión y eventual proposición de los ajustes institucionales necesarios para una operación eficiente de los instrumentos de fomento productivo, particularmente en lo que se refiere al sistema de apoyo a la pequeña y la mediana agriculturas, así como a la generación y transferencia de tecnología.
Para efectuar esta tarea se buscará un diálogo amplio con el Congreso, con especialistas y centros de estudios, con los productores y sus organizaciones, tanto a nivel central como regional, y se contará con el apoyo de agencias internacionales especializadas de cooperación técnica. Se trata en definitiva de una oportunidad para perfeccionar la acción pública y al mismo tiempo para buscar un compromiso con el sector privado que ponga al sector a la altura de las oportunidades y desafíos de este nuevo escenario.
Carlos Furche
Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
y Coordinador Técnico del Comité de Ministros para el estudio del desarrollo de la agricultura nacional en el marco de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile.
